Si no fuera por el contexto europeo, podríamos afirmar que España camina inconsciente pero decididamente hacia una nueva guerra civil, de la misma manera que la Segunda República lo hizo a partir de 1934. Esta vez , sin embargo, espero que la tragedia histórica se repita sólo como caricatura.
No se trata de una simple cuestión de percepción. El clima guerracivilista ha ido aumentado paulatinamente en los últimos años. Una parte de la izquierda, del nacionalismo catalán y de los nuevos movimientos sociales, aprovechándose del drama de la crisis económica y de la miseria moral de la corrupción, han radicalizado sus posiciones y han acabado optando abiertamente por la ruptura política. Algunos de ellos llaman sin rodeos a ganar de una vez por todas la guerra civil que perdieron en 1939.
Pero la deriva guerracivilista no proviene tanto de la existencia de opciones políticas radicalísimas o tercamente independentistas como del ataque sistemático a la legitimidad democrática de la España constitucional. Las tesis revisionistas sobre la transición política han ido suministrado coartadas "intelectuales" para que se pueda afirmar impunemente que en España no existe un régimen democrático; para que desde la calle y las instituciones se ignore, cuando convenga, la Constitución de 1978; para hacernos sentir culpables de la más humana y generosa de todas las leyes de la transición: la Ley de Amnistía de 1977.
Gracias a una concepción autista de la memoria histórica, se ha insistido en reivindicar a los republicanos como las únicas víctimas de la guerra civil; se ha vuelto a avivar el anticapitalismo más grosero y el anticlericalismo más primario; se ha demonizado cualquier opción política democrática de la derecha española y, en algunos lugares, se ha llegado a hacer creer que existe una ciudadanía identitaria que está por encima de la ciudadanía constitucional, cuando la realidad es exactamente la contraria: es la ciudania constitucional la que garantiza la total igualdad de las personas que viven dentro de los límites territoriales de un Estado, independientemente de sus legítimas diferencias de identidad. En resumen: han ido imponiendo la mentira que la transición fue poco más que la cirugía estética del franquismo, que sigue en el poder pero con un rostro más humano.
En realidad, sin embargo, el franquismo sobrevive únicamente en el antifranquismo militante que aún persiste. Guste o no, Franco murió físicamente en 1975 y políticamente en 1978 con la aprobación de una Constitución democrática, plenamente homologada internacionalmente, que fue negociada por exfranquistas, conservadores, socialistas, comunistas y nacionalistas catalanes. Se ha dicho, para desacreditarla, que se redactó bajo la espada del ejército, pero debía de ser más bien bajo un sable de San Simón ya que no tuvo ningún efecto disuasorio, como lo demuestra el hecho que no quedó ni rastro de las instituciones surgidas de la sublevación militar del 18 de julio .
Esta Constitución estuvo precedida de unas elecciones democráticas, las primeras en más de 30 años, y por una Ley de Amnistía largamente reivindicada por todas las fuerzas políticas clandestinas, especialmente por los partidos de izquierda. Una ley imprescindible que permitió, por un lado, sacar de la cárcel a todos los presos políticos y, del otro, facilitar la imprescindible reconciliación entre vencedores y vencidos. Es decir, el olvido de la resposabilidad penal -que no de la civil- de los delitos cometidos por unos y otros en un conflicto en el que los dos bandos amontonaron -unos más que otros, según el lugar y el momento- montañas de cadáveres, ya sea en las cunetas, en las checas, en las plazas de toros o en las cárceles.
La transición enterró definitivamente la guerra civil. Pero hay gente que no sólo no se lo cree sino que está convencida de que la guerra aún no ha terminado y -cosa más grave- que la ganarán un día de estos, cuando derroten el fascismo redivivo e implanten finalmente la auténtica democracia : la suya.
